¡Santa Victoria! - Informe especial de santavictoriaoeste.bolgspot.com

La decisión del gobierno provincial de anular el nombramiento de Dante Baez como director interino de un colegio secundario en Santa Victoria Oeste, es sin duda un triunfo de la gran mayoría de los pobladores de ese lugar casi remoto del norte de Salta, que se oponían a su designación. Y por otro lado, la resolución judicial que ordena a la policía provincial cesar la represión y persecución a quienes se manifestaron frente a dicho colegio –como informó Nuevo Diario en exclusiva- corrige la respuesta estatal y antepone el derecho constitucional a peticionar a la ceguera oficial de “custodiar el orden público” a fuerza de palos, gases y balas de goma. Queda aun pendiente de resolver, la apresurada medida adoptada por el juez Marcelo Torres Galvez, de ordenar el secuestro de un video documental sobre la rebelión aymara en Bolivia, por suponer que su proyección en lugares públicos de Santa Victoria, podría conferir el delito de “apología del delito”, cuando es evidente que se trata de un acto de censura inadmisible en democracia. La difusión a nivel nacional de las imágenes de la violenta represión que durante dos dias padecieron quienes pretendían manifestarse frente al colegio 5066, fueron lapidarias y sepultaron la versión oficial que justificó la represalia. De nada valieron los esfuerzos dialécticos del matutino oficialista, pretendiendo desviar la atención hacia la presunta acción agitadora de dos sacerdotes de la orden claretiana designados en el lugar. Tampoco la actitud de victimizarse que adoptó Baez al asegurar que la protesta obedecía a un complot político en su contra. Mucho menos la altivez del secretario de Seguridad, Gustavo Ferrari, quien justificó la represión tratando a los padres de alumnos y pobladores de la comunidad coya, como si fueran un hato de imbéciles llevados de las narices por un cura subversivo. El rechazo a la designación de Baez fue expresada en setiembre del año pasado por los padres de alumnos que concurren a aquel establecimiento. Primero porque no se cumplía con el régimen de puntaje (Baez fue designado a dedo por el ministerio de Educación) y luego, porque el docente fue claramente identificado con el vilipendiado ex intendente Alcides Ontiveros, sobre quien pesan toneladas de sospechas de corrupción. Ontiveros y varios miembros de su familia, ocuparon espacios públicos a nivel local y provincial, durante dos décadas, hasta que a fuerza de votos los habitantes de Santa Victoria lograron desprenderse del clan. A Baez se lo vinculó con el intento de colocar a un hombre del ex jefe comunal, para reflotar el nepotismo que imperó en la zona. El desafortunado accidente que amputó parte de la mano de un menor que ayudaba a su padre en la construcción de un camino fomentado por los claretianos, sirvió para la contraofensiva oficial. A través de El Tribuno se intentó desacreditar a los sacerdotes que apoyaban los reclamos contra Baez y el principal bastonero de las denuncias, era precisamente Ontiveros. El ex intendente quiso llevar su denuncia tambien a Nuevo Diario, pero fue descubierto por los periodistas de ese matutino y terminó protagonizando un bochornoso intento de ocultarse bajo sus ropas. Pero el verdadero trasfondo de esa maniobra, tendría otro objetivo: desprenderse de los religiosos para que cese su apoyo a las comunidades coyas en su reclamo de entrega de las tierras que habitan ancestralmente, con título único y no individual como pretende el Gobierno. La riqueza potencial en minerales que atesoran, sería el principal motivo para rechazar una propiedad comunitaria. Lo concreto es que en enero, las lluvias agudizaron los problemas de aislamiento y abandono que padecen los habitantes de Santa Victoria y parajes cercanos. Unas semanas después, llegó la represión. Todo esto salió a la luz en notas publicadas en este diario tras la visita de enviados especiales que no necesitaron ver un video documental para recoger libremente sus propias impresiones sobre la situación en la zona. La marcha atrás del gobierno en la designación de Baez y el fallo judicial que protege a las comunidades de la patota ferrarista, le dieron una clara victoria a los pobladores, que si no fue santa por los menos fue justa.