Santa Victoria Oeste, escenario de disputas entre gobierno, sacerdotes y vecinos a

La pequeña y pintoresca localidad montañesa de Santa Victoria Oeste, a 2.460 metros sobre el nivel del mar y fundada en 1803 en tierras donadas para construir una iglesia por el Marqués de Tojo, se convirtió en escenario de un conflicto sin precedentes que enfrenta a funcionarios del gobierno de Salta con sacerdotes claretianos y pobladores, en su casi totalidad nativos y bolivianos. Disputas por la propiedad de la tierra e intereses políticos están en la superficie y, sobre todo, en el trasfondo de este conflicto. Esta semana la policía reprimió con dureza una protesta de pobladores. El gobierno volvió a acusar a los sacerdotes e intentó allanar la iglesia para secuestrar un video considerado subversivo. Un senador provincial, Oeste Benigno Vargas, reveló que en una presentación judicial se exige al sacerdote del pueblo entregar copia de un video proyectado en la plaza del pueblo, bajo amenaza de allanar la iglesia. El video muestra imágenes de una manifestación de pobladores bolivianos reclamando sus derechos. Al cura le sorprende esta denuncia: “allanar la iglesia para secuestrar un video es un acto propio de otros tiempos. Tenemos libertad para dar a conocer documentos sobre la lucha de los pueblos por sus reivindicaciones”, dijo. “Los curas se dedican a hacer política”, es la frase repetida por funcionarios del gobierno de Salta, que tampoco se lleva bien con los pastores anglicanos y de otras confesiones que desarrollan su tarea pastoral en comunidades indígenas. Hace tres años y medio, la oposición arrebató el municipio al oficialismo, que la controló veinte años. El actual intendente no es santo de la devoción del poder local. Los planes sociales tienen apoyo del sacerdote Fernando Beriain, de la Orden Claretiana de la Prelatura de Humahuaca, a cargo de monseñor Pedro Olmedo, sacerdote español que consiguió apoyo económico en España para abrir caminos, construir una red comunitaria de agua filtrada para el 95% de la población y promover planes comunitarios.

Crónica gravedad de la situación social.

Según el Censo de 1991, Santa Victoria Oeste tenía 667 habitantes y 217 viviendas. Junto con el vecino Departamento de Iruya, es uno de los con mayor carencias sociales del país. Según datos de organismos nacionales, el 75% de su población tiene necesidades básicas insatisfechas. Según Carlos Reboratti la pobreza rural campesina de Santa Victoria Oeste “proviene de una situación estructural de mala distribución de los servicios y oportunidades de empleo”. Altas tasas de mortalidad infantil, elevado porcentaje de defunciones, corta esperanza de vida y viviendas precarias son sus rasgos más marcados. Esta semana, las manifestaciones de pobladores que rechazan la designación de un nuevo director suplente del colegio secundario número 5.066, volvieron a agitar a esta aldea que, durante siglos, permaneció sumida en una larga calma. La designación del docente Dante Baéz fue denunciada como parte de una maniobra política del gobierno al que se acusa de fomentar la división de los pobladores. “Ese curita no es tan inofensivo. Él organizó la protesta y mandó que algunos me pegaran delante de los alumnos. Todo es una cuestión política. Temo por mi vida. Me custodia un policía porque estoy amenazado de muerte por el cura Beriaín”, dramatizó Baéz. A finales del año 2003, el triunfo electoral aquí del Partido para la Victoria, opositor a Romero, cortó veinte años de hegemonía de los caciques locales aliados al gobierno. Fustino Peloc, el nuevo intendente, es definido como “un hombre humilde surgido del pueblo. No solo enfrentó a la poderosa estructura de Romero y al poder de la familia de Alcides Ontiveros: también soportó inundaciones que acentuaron el aislamiento, crecidas de sus ríos, roturas y caídas de puentes. Durante años, Ontiveros se enriqueció y fue el hombre fuerte. Él y sus punteros ponen trabas al intendente. De ese modo intentan recuperar el control de la Municipalidad”.

De los Ovando a los Ontiveros.

La familia Ontiveros ocupó el lugar que, durante años, controló con mano dura la familia de Candelario Ovando, administrador de la finca Santa Victoria, latifundio de 225.000 hectáreas. La personalidad de Ovando reprodujo la de los caciques del siglo XIX: comerciante, dueño del poder político y latifundista a costa de los pequeños propietarios forzados a entregar sus tierras a bajo precio. Según Reboratti, de los 2.700 arrendatarios asentados en esa finca hacia 1966, sólo la mitad de ellos se convirtió “potencialmente en propietario”, aunque nunca lograron tener títulos en firme. A finales del año pasado, el gobierno aprovechó un accidente laboral para cargar contra los sacerdotes a los responsabilizó del hecho y a los que atribuye perversas intenciones. Según el gobierno, los claretianos hacen trabajar a niños, tienen personas que prestan servicios “en negro”, y aleccionan a los pobladores a protestar por las condiciones de vida y en reclamo de tierras que le fueron usurpadas hace más de tres siglos, durante la administración española. A partir de la década de 1920, los pobladores de Santa Victoria aportaron una parte importante de la mano de obra en la zafra de los ingenios azucareros del Norte del país.El reclutamiento de braceros se hizo mediante coacción. Mano obra barata, a la que se retribuía con vales para comprar alimentos en los almacenes de los mismos ingenios, durante década, esos braceros aseguraron la rentabilidad de esos ingenios. Según el periodista Marcos Díaz Muñoz, que filmó la represión policial, “el panorama fue realmente espantoso. Hubieron balazos, se golpeó a mujeres con palos y se arrastraron a dirigentes”. Añadió que los manifestantes se defendieron de las agresiones. “Fuimos golpeados y amenazados por la policía, a las mujeres nos agarraron de los pelos. Nosotros, los kollas también tenemos derechos”, dijo una pobladora.

Fuente: www.iruya.com