En la paz de este pueblo de montaña, se descubrió un affaire terrible.
En la mira también lo están, una ex de la zona sureste y otro en funciones del área sur.
El juez federal 2 de Salta, Miguel Medina, resolvió ordenar el procesamiento y elevar a juicio al ex intendente de Santa Victoria Oeste, Alcides Ontiveros (PJ), bajo el cargo de apropiarse indebidamente del dinero de 201 beneficiarios de los planes sociales nacionales "Jefes y Jefas de Hogar Desocupados" y determinó que en iguales circunstancias, aunque aún no dictó su procesamiento se encuentra un ex intendente del valle de Lerma y su sucesor, ambos militantes del PRS.
De la misma manera, hay otros dos que se hallan en la mira del magistrado, que ha reunido suficientes pruebas como para mandarlos a juicio por el mismo delito una ex jefa comunal justicialista de un municipio preanteño y otro en ejercicio, perteneciente a la alianza oficialista.
Fuentes extraoficiales indicaron que, además, hay una gran cantidad de dirigentes, funcionarios, empleados e integrantes de los Consejos Consultivos Municipales, involucrados en maniobras que por el momento son incalculables en cuanto al monto de los dineros desviados a través de diferentes vericuetos.
Con la excepción de sólo uno de los encartados en los expedientes que maneja Medina -electo en 2007-, todos los demás registran una condición análoga: ejercieron o ejercen el mando durante largos períodos.
Ontiveros, que por ahora es el más complicado porque su procesamiento está ordenado y su juicio es inminente, tuvo tres mandatos: 1991/95; 1995/99; y 1999/2003.Uno de los investigados, que asumió como diputado provincial el año pasado y que por ello estará con fueros hasta 1911, fue intendente por los períodos 1995/99; y 1999/2003.
Otro, es uno de los cinco jefes comunales más longevos de la provincia: asumió en 1991 y su actual gestión recién deberá concluir el 2011.
La restante, militante justicialista, por su parte, asumió también en 1991 y resignó su cargo el año pasado, al sucumbir electoralmente frente a un candidato de la alianza PV-PRS.
El caso Ontiveros
La causa contra Alcides Ontiveros, descripta en el expediente 845/03 que , involucra también a su asesora contable, la contadora Mariana Tapia Alemán, contiene elementos que demuestran que se realizaron maniobras delictivas de todo tipo con los planes "Jefas...". Por ejemplo, que Ontiveros retiraba en sede bancaria los fondos remitidos nacionalmente para estos subsidios y que en ocasiones no los pagaba, sino que exigía contraprestaciones y que las cancelaba de acuerdo a lo que él estimaba, nunca iguales, sino muy inferiores al beneficio otorgado a la persona.
Y no sólo eso, que en otras ocasiones no erogaba ni un solo peso correspondiente a dichos envíos, sino que entregaba a los eventuales beneficiarios los denominados "bolsones alimentarios", que a su vez tenían como objeto otros fines sociales.
También hay denuncias y testimonios en el sentido de que en la localidad de Los Toldos -municipio fronterizo dependiente de alguna manera de Santa Victoria-, las personas que se hallaban bajo la cobertura de los mismos programas, debían abonar una "cuota" para que los fondos llegaran a ellos. Por ello es que Ontiveros deberá afrontar una causa ad-hoc por exacciones ilegales.
Las denuncias y comprobaciones -con documentación expedida por el propio Ontiveros y rescatada por la Justicia Federal- confirmaron también que el ex intendente -que es propietario de un almacén de ramos generales en la localidad, situada a 3.500 metros de altura y a 500 kilómetros al norte de la capital- entregaba "vales" a cambio de los montos del subsidio para los "Jefes y Jefas...", que eran canjeados por mercadería en su propio negocio.
En la investigación judicial se dio parte a la Gendarmería Nacional para que efectivos de la fuerza se entrevistaran con aborígenes que figuraban como beneficiarios de los sistemas, que vivían en lugares alejados y que habrían entregados poderes de cobro a Ontiveros. En todos los casos, manifestaron que no sabían que se hallaban cubiertos por plan social alguno.
Falsificación de firmas de gente pobre
En los considerando de la disposición de ordenar el procesamiento de Ontiveros, el juez federal Miguel Medina, incluye un párrafo lapidario, que le da fuerza a su disposición y que en sí mismo constituye un análisis sociológico de lo ocurrido, de acuerdo a las pruebas recopiladas durante la investigación desarrollada en el apartado departamento, al que se arriba vía La Quiaca y luego de atravesar un solitario camino de montaña, considerado el más alto de Sudamérica, a 5,418 metros: "El imputado (Alcides Ontiveros, el ex intendente) no sólo era funcionario público en el momento de los hechos, sino que ya lo era con anterioridad, producto de más de una reelección.
Por otro lado, los beneficiarios de los planes sociales, en su mayoría eran humildes habitantes de zonas rurales de aquel alejado departamento de Salta. Tanto lo era, que aceptaban con la mansedumbre inherente a la pobreza, que sus firmas se falsificaran en las planillas de cobro, que se les diera mercadería a cuenta de su dinero o bien vales para canjearse en determinados negocios de la localidad de Santa Victoria Oeste".
Fuente: El Tribuno
